Edificios okupados en la calle Pignatelli de Zaragoza.
Los okupas de la calle Ramón Pignatelli, "auténticos delincuentes" según el PSOE, continúan atemorizando a los vecinos. La cuestión es hasta cuándo lo harán, teniendo en cuenta, además, de que se trata de un edificio ya es al 100% propiedad municipal. Urbanismo tiene constancia oficial de que están okupados de forma ilegal siete pisos del edificio (Bajo C, 1º B 3º A, 4º A, 4º B, 4º C y 4º D), Lo ha confirmado este lunes el concejal Víctor Serrano, según los datos que figuran en el padrón municipal. Aunque por su parte le gustaría que lo desalojaran "mañana", el proceso judicial se puede demorar mucho más de lo esperado.
El concejal socialista Horario Royo vuelto a denunciar en la Comisión de Urbanismo la completa situación que se vive en el entorno de Pignatelli 76. donde "amedrantan y amenazan a los vecinos". "¿Cómo es posible que no hayan iniciado acciones legales?", ha cuestionado.
Víctor Serrano ha explicado que el Gobierno de la ciudad tiene previsto ceder el bloque de Pignatelli 76 a Zaragoza Vivienda en noviembre, y que será la sociedad municipal la encargada de iniciar las acciones legales. Desde la entidad se trabaja ya en una especie de "borrador" para la desokupación y se ha pedido a la Policía Local que elabore un 'censo' de inquilinos. Ha recordado cómo se intentó actuar en 2020 por motivos de salubridad, como se hacía en Baleares, y que el Gobierno de Pedro Sánchez lo frenó a través de una instrucción.
La Ley de Vivienda ha impedido, según Serrano, que se pueda actuar antes de tener el 100% de la propiedad, algo que se consiguió hace apenas unos meses. En los edificios que se han cedido por ahora a Zaragoza Vivienda no se ha constatado que existan casos de okupación.
Royo ha asegurado que la Policía Nacional va "todos los días" a la zona, y que si no fuera por los agentes la calle Ramón Pignatelli "sería intransitable". "Si dependiera de usted, en Pignatelli no se podría ni entrar", ha criticado.
Serrano culpa de la situación de Sánchez, y recuerda que Zaragoza quiere trabajar en un protocolo antiokupación, tal y como anunció la alcaldesa Natalia Chueca en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Se trataría de un "documento regulador de las actuaciones de la Policía Local de Zaragoza frente a la okupación ilegal, en el que quedarían claros los supuestos en los que cabe la intervención". "El objetivo es favorecer una actuación rápida y eficaz que reduzca las posibilidades de éxito de los ‘ocupas’", dijo entonces Chueca.
Una vez inicie Zaragoza Vivienda el proceso judicial que debería dar lugar al desalojo, este podría producirse en dos o cuatro meses o más o un año porque "a la horrible Ley de Vivienda se suma el caos judicial" que, en su opinión, ha provocado el Gobierno central.
Los vecinos afectados dicen que es "inadmisible"
Javier Magén, de la plataforma El Gancho-Pignatelli, tacha de "inadmisible" que Urbanismo, "tras prometer en una reunión en mayo que iba a judicializar el desalojo" del problemático inmueble junto con el otro "narcoedificio de titularidad municipal" de Cerezo 4, ahora "le pase la pelota" a Zaragoza Vivienda y con ello retrase los plazos nuevamente.
